La República Oriental del Uruguay es un Estado de América del Sur, el de menor superficie de este continente.
Demografía[]
Economía[]
Historia[]
Es notable la figura de José Batlle y Ordóñez, que marca por sí sola un período de la historia uruguaya. Sus dos presidencias (1903-07 y 1911-15) desarrollaron la legislación social, y en la segunda presentó un proyecto constitucional insólito que subsumía la presidencia del país en un Consejo Nacional de Administración, formado por nueve miembros (tres de ellos de la oposición), proyecto que fue elevado a Constitución en 1919. El sistema funcionó hasta que la crisis mundial de 1929 condujo al golpe de Estado de 1933, alentado por la oligarquía ganadera, y a una relación de dependencia económica con Estados Unidos. El presidente Gabriel Terra estableció un régimen de tipo dictatorial, derogó la Constitución vigente y la reemplazó por otra que suprimía el carácter colegiado del poder ejecutivo. En 1942 el general Alfredo Baldomir prolongó su mandato por medio de un nuevo golpe de Estado, pero el desarrollo de la II Guerra Mundial normalizó la situación, siendo elegido presidente (tras la rotura de relaciones con el Eje) Juan José de Amézaga. En 1951 el presidente Andrés Martínez Trueba volvió de nuevo al sistema colegiado de gobierno. Se hizo cargo del poder un Consejo Nacional de Gobierno compuesto de nueve miembros, tres de ellos representantes de la oposición. Tras la guerra, la economía se hallaba saneada, pero la falta de una política de capitalización causó el estancamiento de las fuentes de producción y el empobrecimiento de las clases medias rurales. Éstas, unidas a sectores de la izquierda, provocaron que en 1958 los colorados, que se habían mantenido en el poder desde 1848, fueran derrotados por los blancos, que en 1964 conservaban aún una débil mayoría parlamentaria. En agosto de 1966 fue aprobada por referéndum una nueva Constitución que, al abandonar el sistema colegiado de gobierno introducido en 1951, reinstauró el sistema presidencial. En noviembre de 1966 fue elegido presidente Oscar Gestido, del Partido Colorado, quien tomó posesión de su cargo el 1 de marzo de 1967. El nuevo sistema, lejos de aportar estabilidad al país, contribuyó a agravar sus contradicciones internas: una prolongada crisis económica y el control del movimiento sindical por los partidos de izquierda, débilmente representados en el Parlamento, desembocaron en una ola de conflictos laborales, a los que el Gobierno, además de la represión, sólo pudo oponer un plan de austeridad basado en la reducción de las importaciones y la devaluación de la moneda. El 6 de diciembre de 1967 murió Gestido y le sucedió el vicepresidente, Jorge Pacheco Areco, cuyas primeras medidas fueron la prohibición de los partidos de izquierda y la clausura de algunos de sus órganos de prensa. En junio de 1968, ante el aumento de las huelgas y el recrudecimiento de los conflictos estudiantiles, el Gobierno proclamó el estado de sitio, suspendió las garantías constitucionales y decretó la congelación de precios y salarios; en julio, para hacer frente a la generalización de las huelgas, movilizó a los trabajadores de energía eléctrica, combustible, agua y telecomunicaciones y estableció la censura de prensa. A pesar de todo, una nueva huelga general paralizó el país a principios de agosto, e hizo su aparición una nueva forma de guerrilla urbana, el Movimiento de Liberación Nacional, cuyos miembros son más conocidos con el nombre de tupamaros. La acción armada de las guerrillas tupamaras obligó a la implantación del estado de sitio (1970). El nuevo presidente, el colorado Bordaberry (1971), declaró el estado de guerra (1972), y tras la intervención de las fuerzas armadas en el gobierno (1973), con la anuencia de Estados Unidos, se creó un Consejo Nacional de Seguridad, formado por militares y civiles, presidido por Bordaberry. La Constitución fue suspendida y disueltos el Parlamento, los partidos políticos de izquierda y las organizaciones de los trabajadores, con lo que se puso fin a la democracia uruguaya. El nuevo régimen fue denunciado por su sistemática violación de los derechos humanos, que se saldó con centenares de muertos y desaparecidos. La violenta represión política y la agudización de la crisis económica, que provocó el empobrecimiento de la clase obrera, obligaron a miles de uruguayos a abandonar el país (1975). En 1976 Bordaberry fue destituido y se creó un Consejo Nacional que designó, a efectos nominales, a Alberto Demicheli y luego a Aparicio Méndez nuevo presidente de la República. La crisis económica se agravó y las cárceles se llenaron de presos políticos. Deseando institucionalizar su régimen, la dictadura cívico-militar elaboró una Constitución, y el 30 de noviembre de 1980 la sometió a referéndum, pero el pueblo la rechazó por clara mayoría. En septiembre de 1981, el general Gregorio Álvarez fue nombrado nuevo presidente de la República para dirigir la transición hacia una «democratización» capaz de legitimar el monopolio del poder. En las elecciones para renovar los cuadros dentro de los partidos políticos tolerados, celebradas en noviembre de 1982, preparatorias de las presidenciales previstas para 1984, triunfó la oposición a la dictadura militar. Durante 1983 la Comisión de Asuntos Políticos de las fuerzas armadas (COMASPO) celebró negociaciones con los partidos políticos Colorado, Nacional (Blanco) y Unión Cívica para realizar enmiendas a la Constitución con el objetivo de preservar la autoridad militar en el futuro Gobierno, pero los partidos se opusieron y las negociaciones se rompieron. La resistencia de la dictadura a permitir mayores libertades públicas y a mejorar la situación de los derechos humanos causó gran malestar e inquietud a lo largo de 1983. El descontento popular creció aún más por el rápido deterioro de la economía uruguaya y por los efectos de los acontecimientos políticos en Argentina. En agosto la dictadura suspendió toda actividad política, pero el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) convocó su primera protesta laboral organizada en 10 años, que fue apoyada por 50.000 trabajadores. En respuesta, el régimen impuso una nueva y severa censura y suspendió temporalmente las publicaciones, a lo que siguió una ola de protestas y manifestaciones. En enero de 1984 una huelga general de 24 horas, convocada por el PIT, dejó paralizada a la mayor parte del país. La dictadura prohibió toda manifestación de protesta y de actividad sindical, pero en febrero levantó parcialmente la censura de prensa en un intento de fomentar la reanudación del diálogo con la oposición. No obstante, la agitación pública aumentó; se exigía la libertad del general Líber Seregni, líder del Frente Amplio, coalición que agrupaba a la izquierda, y el retorno del exilio de Wilson Ferreira Aldunate, dirigente del Partido Blanco. En marzo la dictadura liberó a Seregni y a José Luis Massera , ex secretario general del Partido Comunista, a la vez que confirmó la celebración de elecciones en noviembre y la transferencia del poder en marzo de 1985. Tras las elecciones del 25 de noviembre de 1984, Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, resultó elegido presidente de la República. A Seregni y Wilson Ferreira, encarcelado a su regreso a Montevideo (16 de junio de 1984), se les había prohibido participar en las elecciones. En febrero de 1985 dimitió el dictador Gregorio Álvarez. El 15 de febrero se constituyó el nuevo Parlamento democrático y el 1 de marzo Sanguinetti tomó posesión de su cargo, al frente de un Gobierno de «reconciliación nacional». El Gobierno tuvo que renegociar la deuda externa generada por la dictadura y enfrentarse a la oposición popular a una ley de «punto final» que en diciembre de 1986 inculpó a los militares de sus crímenes. Tras las elecciones de 1989, ocupó la presidencia el candidato del Partido Blanco, Luis Alberto Lacalle, que inició una política de reprivatización de empresas públicas y de cooperación económica con los países del área, con los cuales acordó constituir un mercado común; en 1993 se impuso el Partido Colorado, y Sanguinetti volvió a la primera magistratura del país. Un referéndum reformó en diciembre de 1996 el sistema político; se suprimió la Ley de Lemas, que acumulaba en el candidato más votado los sufragios de los distintos aspirantes presentados por un grupo político, y se obligó a los partidos a competir con un único candidato a la presidencia. Además, se previó una segunda vuelta electoral para subsanar la falta de mayoría absoluta en la primera. En 1999 venció Jorge Batlle, del Partido Colorado. En 2005 Tabaré Vázquez, líder del Frente Amplio, fue elegido presidente y puso fin a la hegemonía de los partidos Blanco y Colorado. En 2007 el presidente autorizó la puesta en funcionamiento de la papelera finlandesa Botnia sobre el río Uruguay, motivo de un largo litigio con Argentina. En las elecciones de 2009 fue elegido el también frenteamplista José Mujica, continuador de la política de Vázquez. El Gobierno promovió una ley de matrimonio homosexual (aprobada en 2013) y otra de regulación de la venta de marihuana. Las elecciones presidenciales celebradas en 2014 dieron la victoria, en segunda vuelta, al ex presidente Vázquez, quien tomó posesión del cargo el 1 de marzo de 2015. En las elecciones de 2019 se impuso por estrecho margen Luis Lacalle Pou, del Partido Blanco.