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La Revolución francesa (1789-1799) fue un conjunto de movimientos revolucionarios que, en Francia, pusieron fin al Antiguo Régimen.

Hicieron posible el estallido revolucionario las especiales condiciones políticas, económicas y sociales de la Francia de Luis XVI: decadencia de la aristocracia feudal y división del clero, importancia económico-social de la burguesía, situación particularmente precaria de las clases populares urbanas (artesanado y asalariados industriales) y del campesinado, crisis económica generalizada, importancia del pensamiento filosófico-político de la Ilustración, etc. Ante la grave situación financiera Luis XVI convocó la reunión de los Notables (febrero-mayo de 1787) y de los Parlamentos con la pretensión de que aprobaran sus reformas financieras, pero éstos exigieron la convocatoria de los Estados Generales (agosto de 1788). Hasta aquí había sido la revuelta de la aristocracia parlamentaria contra las medidas reformistas de la monarquía; sin embargo, tras la vuelta de Jacques Necker al poder (agosto de 1788), se sumó la burguesía, que reclamó voto por cabeza y la reunión conjunta de los tres órdenes. Finalmente, el 5 de mayo de 1789 se reunieron los Estados Generales (291 representantes del clero, 270 de la aristocracia, 578 del tercer estado); el 17 de junio se declararon a sí mismos Asamblea Nacional; el 20 se realizó el juramento del Juego de Pelota, por el que se comprometieron a no separarse; el 27 el rey tuvo que ceder ante la actitud intransigente y levantisca del tercer estado, al que se habían sumado muchos diputados de la aristocracia y, sobre todo, del clero; el 9 de julio los Estados Generales se declararon Asamblea Nacional Constituyente. Mientras esto sucedía, la crisis económica era cada vez mayor y se manifestaba en motines populares debidos a la carestía de los alimentos (primavera de 1789); por otra parte, la burguesía había conseguido penetrar en la administración local de algunas importantes municipalidades (Ruán, Lyon) y se preparaba a hacerse cargo de la de París. Por ello no le fue difícil, cuando se hizo evidente el intento del rey y de la aristocracia de recurrir a la fuerza para disolver la Asamblea, conseguir el apoyo de las clases populares. Así, se formó la Milicia Nacional (13 de julio), la capital reclamó armas y el 14 se levantó y tomó la Bastilla, cárcel del Estado y símbolo del poder represor de la monarquía. A esto siguió la insurrección de las ciudades y el «Gran Miedo» campesino (fines de julio-principios de agosto), que puso a la burguesía urbana al frente de los ayuntamientos y, en el campo, destruyó de hecho el poder feudal del Antiguo Régimen. Fruto de estos movimientos fue la noche del 4 de agosto, en la que la Asamblea Nacional abolió enteramente el régimen feudal y proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 de agosto). Sin embargo, Luis XVI se negó a sancionar los decretos: la Revolución estaba de nuevo en peligro, y de nuevo se recurrió a las masas populares, hostigadas por el hambre, que en las jornadas del 5-6 de octubre se presentaron en Versalles y obligaron al rey a instalarse definitivamente en París y a firmar los decretos. En 1790 la gran burguesía, dirigida por Lafayette y contando con el apoyo de Mirabeau (Partido de los Constitucionales), aún pretendió el compromiso con la aristocracia y Luis XVI, pero fue imposible después del intento de huida del rey (junio de 1791). En esta época fueron secularizados los bienes de la Iglesia (noviembre de 1789), que, junto con el patrimonio real, fueron declarados bienes nacionales y puestos en venta (diciembre), lo que ocasionó una vasta transferencia de propiedades a favor de la burguesía y de los campesinos acomodados. Por otra parte, se mantuvo la esclavitud en las colonias (septiembre de 1791), se prohibió la huelga y el derecho de asociación (ley Le Chapelier, 14 de junio de 1791), y se aceptó el sufragio censitario (22 de diciembre de 1789). Finalmente, en septiembre de 1791 se votó la Constitución, que, si bien establecía la soberanía nacional, aseguraba el dominio a las clases poseedoras: bajo una apariencia monárquica, el control del poder lo ostentaba una burguesía censitaria. Mientras se organizaba la reacción de los aristócratas y de los sacerdotes refractarios, la izquierda jacobina (Club de los Cordeliers) iba implantándose. Aunque la Revolución deseaba la paz exterior, el intento de huida del rey (junio de 1791) provocó la declaración de Pillnitz, del emperador Leopoldo II y del rey Guillermo II de Prusia (agosto de 1791), que ponía las premisas de una guerra inevitable. Por otra parte, la intentona de Luis XVI provocó en el interior una extraordinaria agitación popular que fue duramente reprimida por la burguesía liberal (matanzas del Campo de Marte, julio de 1791), y que llevó a la neta diferenciación de los patriotas entre las derechas (Club de los Feuillants) y las izquierdas (Club de los Jacobinos). El 30 de septiembre de 1791, la Asamblea Constituyente se disolvió para dar paso a la Legislativa (1 de octubre). La Legislativa, dominada alternativamente por los feuillants y los girondinos, dirigidos por Brissot de Warville, inició su gestión con sendos decretos contra los sacerdotes refractarios y los emigrados, y exigía la disolución de los ejércitos de emigrados en los principados alemanes (octubre-noviembre de 1791). El rey se negó a confirmar los dos primeros; pero, a su vez, alentaba el belicismo girondino, esperando de la guerra exterior la vuelta al absolutismo. En marzo de 1792 entraron en el Gobierno los girondinos, que declararon la guerra a Austria (20 de abril). Ante la inminencia del peligro exterior se produjo una conjunción entre Maximilien de Robespierre y Brissot que condujo a la proclamación de «la patria está en peligro» de la Asamblea (11 de julio) y a una verdadera movilización nacional revolucionaria, que propició la aparición de un vastísimo movimiento popular en París, el cual, dirigido por los futuros montañeses, culminó en la jornada del 10 de agosto, en el transcurso de la cual los sans-culottes hicieron su aparición plena en la vida política. Se implantó la Comuna insurreccional, las Tullerías fueron tomadas al asalto, el rey fue suspendido en sus funciones, la Asamblea Legislativa votó la convocatoria de una Convención Nacional elegida por sufragio universal. El trono había caído y con él los feuillants (Lafayette emigró y se pasó a las filas austríacas): era la segunda Revolución, que integró al pueblo en la nación y señaló el advenimiento de la democracia política. Después del 10 de agosto, tres poderes coexistían en Francia: la Comuna, la Asamblea Legislativa y el Gobierno (consejo ejecutivo provisional), dirigido por Danton. En primer lugar, se movilizó a Francia entera al ritmo de los nuevos acontecimientos a través de los comisarios mandados con plenos poderes a provincias y a los ejércitos, y se organizó un tribunal criminal extraordinario (17 de agosto), que inició el primer Terror (matanzas de septiembre); por otra parte, se operó la definitiva laicización del Estado al encomendarse a los municipios el control del estado civil e instituirse el divorcio (20 de septiembre). En lo tocante a la defensa nacional, se reclutó un verdadero ejército de sans-culottes que venció en Valmy (20 de septiembre) a los prusianos y reconquistó Verdún (8 de octubre). El 20 de septiembre se reunió la Convención Nacional. Tras una serie de votos unánimes (abolición de la realeza, 21, y proclamación de la República, 22) se dibujó la oposición entre girondinos (representantes de la alta burguesía) y montañeses (representantes de la pequeña y media burguesía en alianza con las clases populares, dirigidos por Danton, Jean-Paul Marat y Robespierre), entre los que se situaba un tercer partido (el Llano), formado por burgueses demócratas que la intransigencia rencorosa de los girondinos acabó por convertir en aliados de la Montaña. Lo que enfrentó claramente a girondinos y montañeses fue el proceso de Luis XVI (noviembre de 1792-enero de 1793), en cuyo curso acabaron predominando los segundos, y que condujo a la ejecución del rey (21 de enero). Mientras tanto, se produjo la victoria de los ejércitos revolucionarios, que ocuparon Bélgica, Renania, Basilea, Saboya y Niza, territorios que fueron anexionados, tras plebiscitos entre la población (noviembre de 1792-marzo de 1793). Sin embargo, esto provocó la primera coalición contra la Francia revolucionaria, cuando se declaró la guerra a Gran Bretaña, Holanda, España y los Estados italianos (febrero-marzo de 1793). Simultáneamente se produjo la insurrección realista de la Vendée (marzo de 1793); sin embargo, todo ello provocó una reacción antigirondina, que supuso la creación del Tribunal Revolucionario y de los Comités de Vigilancia (marzo), así como del Comité de Salvación Pública (5-6 de abril). Mientras tanto, los girondinos, tras intentar que Marat fuese condenado por el Tribunal Revolucionario (13-24 de abril), organizaron el movimiento seccional, que fue aprovechado en provincias por los realistas para deshacerse de los jacobinos (Burdeos, Nantes, Marsella, Lyon, etc., mayo-julio de 1793), e intentaron apoderarse de la Comuna de París (arresto de Jacques Hébert, 24 de mayo). Pero los montañeses acudieron al pueblo de París y sus organismos, quienes, tras las jornadas del 31 de mayo y del 2 de junio, obligaron a la Convención (sitiada por 80.000 miembros de la Guardia Nacional) a decretar la detención de 29 diputados girondinos, así como de los ministros de este partido. La Montaña había alcanzado el poder. Se proclamó la Constitución del año I (1793). Apenas eliminados los girondinos, la Convención, dirigida por la Montaña, se encontró entre dos fuegos. Mientras que la contrarrevolución recibía un nuevo impulso de la revuelta federalista (julio-noviembre de 1793), el movimiento popular, exasperado por la carestía, aumentaba su presión, que impuso a la Montaña, dubitativa de sus propias contradicciones, las grandes medidas de «salvación pública», la primera de las cuales fue la movilización en masa (23 de agosto de 1793). Un gobierno revolucionario era indispensable para disciplinar el impulso popular y mantener la alianza con la burguesía. Sobre esta doble base social, sans-culottes y burguesía jacobina, el Gobierno revolucionario se organizó por entero de julio a diciembre de 1793, presionado por las necesidades de defensa nacional; dictó una serie de medidas favorables a las clases populares: ley de los sospechosos (17 de septiembre), máximo de precios y salarios (19 de septiembre), requisas y racionamiento (Comisión de Subsistencias, 22 de octubre de 1793), impuestos sobre los ricos y socorros a los pobres, escuela obligatoria y gratuita, etc. A fines de invierno la crisis de subsistencia se agravó bruscamente. La conjunción de la oposición avanzada y del descontento popular obligó al Gobierno a proseguir su política represiva. En marzo-abril de 1794 presentó ante el Tribunal Revolucionario a los portavoces de los sans-culottes, a la vez que Danton y los indulgentes, que pretendían poner fin al Terror: todos fueron ejecutados. El robespierrismo no tuvo oposición visible durante los cuatro meses siguientes. Pero cuando las primeras victorias sobre la coalición (Fleurus, 26 de junio de 1794) parecían probar que el Terror ya era inútil, el Gobierno revolucionario, al haber condenado a los extremistas, se encontró en manos de los moderados que había pretendido combatir y finalmente pereció al no poder volver a encontrar en el pueblo el apoyo que él le había negado: el 9 de termidor del año II (27 de julio de 1794) la Convención derrocó al Comité de Salvación y a sus jefes, entre ellos Robespierre y Saint-Just, que fueron ejecutados al día siguiente. Una vez caído Robespierre, el Gobierno revolucionario no le sobrevivió, y desde entonces hasta la primavera de 1795 la reacción progresó. El máximo y las leyes sociales fueron rápidamente abolidos, lo que produjo una terrible crisis económica que afectó especialmente a los obreros y a la pequeña burguesía urbana. La derrota de pradial del año III (mayo de 1795) señaló el fin de los sans-culottes parisienses y la definitiva eliminación del movimiento popular. La Revolución volvió a emprender la vía burguesa. Más tarde la reacción termidoriana se aceleró, pero los excesos del Terror Blanco (mayo-junio de 1795) y más aún el intento de desembarco en Quibéron (27 de junio de 1795), que subrayó la traición de los emigrados, en último extremo redundaron en beneficio de la Revolución. Entonces, los termidorianos recogieron los frutos del esfuerzo del Gobierno revolucionario y, al promulgar la Constitución del año III (22 de agosto de 1795), en la que el poder ejecutivo se confiaba a un Directorio de cinco miembros y el legislativo al Consejo de los Ancianos y al de los Quinientos, pusieron las bases del régimen de los Notables. Los termidorianos, a la vez temerosos del realismo y de la democracia, no dejaron otra alternativa que la impotencia gubernamental o el golpe de Estado. Mientras, el general Napoleón Bonaparte llevó a cabo para el Directorio el golpe de Estado de fructidor del año V (septiembre de 1797) contra los realistas, y concluyó, tras diversas victorias en Italia, la paz con Austria (Tratado de Campoformio, octubre de 1797). Después de fructidor y de Campoformio, el Directorio generalizó en el interior el recurso a los métodos autoritarios, con lo que logró realizar una importante obra administrativa, que preparó la del Consulado. Pero la estabilización política era imposible, ya que la base social del régimen continuaba siendo estrechamente termidoriana. La formación de la segunda coalición y la reanudación de la guerra abrieron la crisis final. Se establecieron nuevas «Repúblicas hermanas» en Italia y Suiza y se emprendió la expedición a Egipto de 1798. Mientras en el interior el campesinado se desentendía del Directorio, los republicanos consiguieron mantenerse en el poder gracias a golpes de Estado (floreal, 11 de mayo de 1798; pradial, 18 de junio de 1799). Pero, al poco tiempo, el general Bonaparte desembarcó en Fréjus (9 de octubre de 1799) y se presentó como el único recurso capaz de imponer la paz a los enemigos del interior y del exterior, garantizando las conquistas de la Revolución y manteniendo a raya a realistas y jacobinos. Así derrotó al Directorio con un nuevo golpe de Estado: el 18 de brumario (9 de noviembre de 1799), que estableció el Consulado. El 18 de brumario concilió la restauración de la autoridad estatal y el mantenimiento de la preponderancia de la burguesía y de los notables, quienes, no obstante, al recurrir al ejército perdieron el poder político. La evolución del Consulado (Constituciones de los años VIII y X –25 de diciembre de 1799 y 16 de agosto de 1802–) confirmó esta perspectiva, que condujo al Imperio (18 de mayo de 1804).

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