La reforma agraria es la modificación de las relaciones en la posesión de la tierra con la finalidad de establecer una distribución más justa de las tierras de cultivo, mediante el reparto de los latifundios entre el campesinado.
El término reforma agraria abarca en realidad procesos muy diferentes. Así, a veces se ha utilizado esta denominación con fines propagandísticos, aplicándola a programas que apenas han ido más allá de la colonización de tierras públicas. Incluso ha tratado de reducirse sólo a un proceso que fomente la producción, dejando de lado la distribución de propiedad. Sin embargo, lo más correcto es reservar este calificativo a aquellos procesos que impliquen una transformación profunda de los regímenes de propiedad y de explotación de la tierra, así como de las relaciones sociales. La reforma agraria puede afectar a todo el territorio de un país, o a sólo una parte de él. Asimismo, las expropiaciones pueden limitarse a determinadas categorías de propiedades (terratenientes absentistas, tierras incultas o cultivadas ineficientemente) o afectar al conjunto de los latifundistas e incluso a los propietarios medios. Existen diversos sistemas para evaluar el monto de las indemnizaciones a pagar a los propietarios: el valor de la tierra declarado con fines impositivos, el valor de la producción o el valor comercial. En algunos casos se ha procedido a una simple confiscación de las tierras, mientras que en otros las indemnizaciones previstas por la ley no han sido pagadas de hecho. Otra cuestión es la modalidad de la entrega de la tierra a los beneficiarios de la reforma agraria, que puede variar desde el pago del valor real de la tierra hasta su entrega gratuita. El futuro de una reforma agraria puede verse hipotecado por el peso financiero que supone el acceso de los nuevos propietarios a las tierras. Por ello suele ser fundamental para su éxito la asistencia técnica y crediticia que reciban. De una reforma agraria puede resultar el predominio de las grandes explotaciones estatales, de las cooperativas, de las pequeñas o medianas explotaciones privadas o diversas combinaciones de estas formas.
Al margen de diversos intentos para evitar los abusos de la estructura de la propiedad, realizados en varios momentos históricos, los proyectos de reforma agraria en el sentido que les damos actualmente se iniciaron en el siglo XVIII. Pero hasta después de la I Guerra Mundial y del triunfo de la Revolución bolchevique en Rusia no se llegó a impulsar en la mayoría de los países una reforma agraria digna de mención, con la excepción de México, que inició ya en 1915 su revolución agraria. El agrarismo mexicano, motor de las múltiples insurrecciones de campesinos y comunidades indias durante el siglo XIX, impulsó a las masas agrarias a aprticipar en la Revolución de 1910-17 y a incorporar a ella sus reivindicaciones sociales. Otros intentos de reforma agraria se llevaron a cabo en Iberoamérica, pero tuvieron escasa aplicación práctica, con la excepción de Cuba a partir de 1959. Aunque de forma menos radical, el proceso de reforma alcanzó a Chile y a Perú en la década de 1960. En España se promulgó una reforma agraria moderada durante la II República (1932), cuya ejecución fue encomendada al Instituto de Reforma Agraria creado para este fin. Fueron declaradas expropiables todas las tierras, excepto las comunales y de pastos. Las de señorío y las pertenecientes a los grandes de España fueron expropiadas sin indemnización. Las tierras expropiadas pasaban a ser propiedad del Instituto, que las entregaba a las juntas provinciales. Éstas las ponían en manos de las comunidades de campesinos, que debían decidir si las explotaban colectiva o individualmente. En este último caso se procedía a la parcelación de las fincas. Sin embargo, en 1935, tras la llegada de la derechista CEDA al Gobierno, se promulgó una nueva ley que limitó el número de tierras expropiables y suprimió la expropiación de los señoríos y de los grandes de España. La victoria del Frente Popular en las elecciones de 1936 y el posterior estallido de la guerra civil aceleraron el ritmo de la reforma agraria, pero al final del conflicto la legislación quedó sin efecto y se volvió a la situación anterior. Tras la II Guerra Mundial, con la instauración de regímenes socialistas en varios países del centro y este de Europa, se radicalizaron los programas reformistas de la estructura socioeconómica agraria. En los países del Tercer Mundo, estimulados sobre todo por las experiencias de la República Popular China, Vietnam, Cuba, Argelia, etc., la reforma agraria aparece ya en la segunda mitad del siglo XX como una vía imprescindible para superar su condición de naciones subdesarrolladas.